Una vez más, escuchamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificar la reforma al Poder Judicial con el combate a la corrupción, ahora durante su sexto y último informe de gobierno. Sin embargo, datos del Inegi señalan que el mayor porcentaje de corrupción durante un proceso penal ¡no está en los juzgados!
En textos anteriores ya les había contado que una de las preocupaciones de que la reforma al Poder Judicial se apruebe es que se pretende sustituir a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros por personas que sean elegidas por voto popular, o sea con elecciones. El objetivo de ello, según López Obrador, es eliminar la corrupción del Poder Judicial.
Pero resulta que durante un proceso penal hay más probabilidades de que una persona privada de la libertad sea víctima de un acto de corrupción durante su detención (16.4 %), en el Ministerio Público (14.1 %), o ya en un centro de detención (17.2 %), que en un juzgado (6.2 %), según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi.
A ver, no estoy diciendo que no sea importante erradicar esa probabilidad de 6 % de corrupción durante un proceso judicial de la que han sido víctimas las personas que se encuentran en prisión, pero el voto popular no solo no garantiza que se acabe con la corrupción en los juzgados, también pone en peligro su imparcialidad e independencia.
Y bueno, si realmente se trata de escuchar las necesidades del pueblo, por qué no atender el hecho de que 87 % de la población de 18 años o más considera que los policías cometen actos de corrupción de manera muy frecuente o frecuente; 85 % los partidos políticos y 76 % el Ministerio Público. O preocuparse por el 60 % de la población que considera que la inseguridad es el principal problema en México.
También podrían investigar a fondo al hermano del presidente, Pío López Obrador, de quien se filtró un video donde se le veía recibiendo dinero de David León Romero, ex coordinador de Logística de López Obrador. Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ese dinero fue presuntamente usado para financiar la campaña de Andrés Manuel.
Por último, una aclaración importante… La reforma al Poder Judicial ni siquiera incluye a las fiscalías, las cuales supervisan a los ministerios públicos o MP. Aún así, en redes sociales varias personas usuarias han confundido al MP con el Poder Judicial, y apoyan la reforma argumentando que en el MP se cometen actos de corrupción. Esto último no lo pongo en duda (como lo sostienen los datos del Inegi), el problema es que no hablamos de lo mismo.
El MP se encarga de investigar los posibles delitos que son denunciados por la ciudadanía o, en su defecto, si una persona fue detenida (al momento de cometer un delito, inmediatamente después de haberlo cometido o por posesión de algún objeto que indiquen que la persona participó en un delito), recabando pruebas para comprobar si existe un delito o no.
Mientras que el Poder Judicial de la Federación está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios), los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Y sus integrantes se encargan de, entre otras cosas, impartir justicia a través de sentencias.