Familiares de Amairany Roblero González, Frida Sofía Lima Rivera y Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, víctimas vinculadas a Miguel 'N', químico laboratorista conocido como el feminicida serial de Iztacalco, quien fue aprehendido en abril de 2024, denunciaron errores, negligencia y lentitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y exigieron una audiencia con la nueva titular de la institución, Bertha Alcalde.
Las madres y hermanas de las víctimas convocaron a una conferencia de prensa a las afueras de la fiscalía, ya que que luego de casi un año del hallazgo sin vida de las jóvenes no se han recabado las pruebas necesarias para enjuiciar al agresor por los delitos de desaparición y feminicidio en la investigación que está próxima a concluir.
“Nos tocó el cambio con el fiscal Ulises Lara, el cual se portó indolente, nos recibió solamente una vez; él hacía las transmisiones, les decía cómo estaba la situación del caso; sin embargo, las familias fuimos pacientes porque lo que queríamos era que nos dieran una identificación de nuestras familiares”, dijo Juana Garrido, hermana de Viviana.
A pesar de que las autoridades aseguran que se trata de ellas, las familias buscan que se les dé un peritaje de identificación multidisciplinario para una entrega digna y completa de sus restos; esto le corresponde hacerlo a la coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Ciudad de México, a cargo de María Seberina Ortega, pero hasta el momento no lo han realizado.
“La antigua coordinadora de delitos de género, Sayuri Herrera, nos mantuvo a engaños todo este tiempo desde hace un año. Hace un mes nos acaban de avisar que ya mandó a la Fiscalía de Feminicidios los indicios que se encontraban en el inmueble, ¡hace un mes! Esto es muy grave”, acusó Juana Garrido, hermana de Viviana.
Juana explicó que no querían que se vinculara a proceso a Miguel ‘N’ hasta recabar las pruebas suficientes para imputarle los delitos que le corresponden, y no homicidio ni secuestro como señaló al inicio la fiscalía en el caso de Amairany.
“Medios de comunicación tenían información que las familias no tenemos. Además, no ha sido con el consentimiento de las familias y esto se lo hicimos saber a la fiscalía (...). No puede ser posible que a casi un año no haya concluido esta investigación”, expuso Juana.
Actualmente los tres casos están siendo representados legalmente por el Instituto General de Defensoría Pública del área de feminicidios.
“Se habla mucho de feminicidio, pero ella era hija, hermana, madre, compañera de trabajo e investigadora. Amaba la química y todo lo que era investigación”, dijo Tere, otra de las hermanas de Viviana, en entrevista con Emma.
Miguel ‘N’, químico laboratorista de 39 años, fue aprehendido el 16 de abril de 2024 en la colonia La Cruz, de la alcaldía Iztacalco, por vecinos suyos y de sus dos últimas víctimas, una joven de 17 años que vivía en el mismo edificio de departamentos que él, a la que atacó sexualmente y asesinó, así como la madre de esa adolescente, a la que apuñaló en siete ocasiones cuando intentó defender a su hija, pero que no logró asesinar.
Tras las investigaciones de la fiscalía, se determinó que está involucrado con al menos siete desapariciones y muertes de mujeres, pues en su departamento se encontraron restos óseos, teléfonos e identificaciones.
Los peritajes concluyeron que los restos humanos que resguardaba pertenecían a Amairany, Frida Sofía y Viviana, víctimas que desde varios años antes habían sido reportadas como desaparecidas.
Miguel fue detenido por sus vecinos después de 12 años de crímenes impunes, durante los que vivió sin ser molestado por las autoridades, aun cuando en informes de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se le identificó como un posible perpetrador de violencia feminicida desde 2021.
Después de su detención el caso fue objeto de polémica debido a la filtración de videos y fotos relacionados con la investigación, incluyendo imágenes de la escena del crimen y de sus diarios, y declaraciones.
Organizaciones civiles han denunciado que estas filtraciones vulneran los derechos de las víctimas y de sus familias, además de comprometer el debido proceso legal. Han exigido que las autoridades apliquen la Ley Ingrid, la cual sanciona la difusión no autorizada de información sobre casos de violencia de género.