Los cambios que pretende realizar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su iniciativa de reforma al Poder Judicial ya eran preocupantes. Ahora que acaba de anunciar posibles modificaciones a la misma, todo parece empeorar, pues se eliminarían los años de experiencia para ocupar una judicatura, magistratura o para ser ministra o ministro.
El pasado 8 de julio, durante su conferencia de prensa, López Obrador dijo: “se nos fue en la iniciativa que deben de tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados y eso. Yo he estado en contra de eso y, sin embargo, se nos pasó, porque soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley”.
Pero, ¿qué pasaría si los puestos de las más de 1,600 personas juezas, magistradas y ministras son ocupados por gente sin experiencia? ¿Y si, además, son elegidas por la población? ¿Qué se tendría que hacer para mejorar realmente al Poder Judicial? Platiqué con Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., para responder, de la mano de una experta, estas preguntas.
Que las personas juzgadoras no tengan la capacidad técnica ni la experiencia provocaría un retroceso en la administración de justicia pues se estaría perdiendo la curva de aprendizaje acumulada conjuntamente por años. Además, hay riesgo de que no se mantengan y mejoren los estándares de derechos humanos que se han ido desarrollando en todas las materias, de acuerdo con Emilia, quien cuenta con más de 10 años de carrera judicial.
¿Cuántas veces no hemos sabido de casos que no fueron analizados con perspectiva de género, con perspectiva de infancias o con perspectiva de personas con discapacidad? Si eso no se ha logrado cumplir a cabalidad, ahora imagínate cuántos casos se resolverán de peor forma si las personas juzgadoras no cuentan con la especialización adecuada.
Especialistas en la materia han cuestionado el contenido de la iniciativa de reforma al Poder Judicial porque pone en riesgo la autonomía de las instituciones del Poder Judicial. ¿Por qué? Resulta que al elegir las judicaturas, magistraturas y ministras y ministros por voto popular podría generar pactos con los poderes fácticos y que quienes aspiren a esos cargos busquen que cada una de sus resoluciones les lleven a conseguir una reelección.
Además, las personas juzgadoras son árbitras que siempre quedarán mal con la mitad de la gente involucrada en algún asunto que deban resolver, lo que dificulta que asegurar votos. La otra… Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, dijo que no se trataba de popularidad. ¿Entonces cómo se darían a conocer si necesitarán ganarse el voto de la población?
Otro aspecto que podría empeorar con la reforma, y que es muy grave, es que sin la garantía de que las candidaturas sean con paridad de género, los esfuerzos de las mujeres de muchos años (que han servido para llegar al 30 % de representación) podrían tirarse a la basura y quedar en cero.
De acuerdo con la magistrada, valdría la pena que la reforma incluyera el “fortalecimiento de las fiscalías y las Defensorías Públicas (donde te brindan una abogada o abogado para tu caso) porque uno de los grandes reclamos es que la justicia es poco accesible económicamente para las personas más desventajadas”.
Que los poderes judiciales locales tuvieran una mejor formación y capacitación (pues están en desventaja con respecto a la que se imparte a nivel federal).
Emilia Molina también exhortó a que se haga un análisis de coparticipación de los poderes de quienes están aplicando las normas procesales para que fueran mucho más ágiles, menos formalistas y menos rigurosas, y no se deje solo a la interpretación de quienes juzgan. Puntualizando que para todo se designe el presupuesto debido.