Recientemente nos enteramos de que un grupo de normalistas derribaron una puerta de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y que un estudiante de Ayotzinapa fue asesinado por policías de Guerrero. Ambos sucesos podrían parecer aislados, pero quizá no lo son tanto.
El 6 de marzo, un grupo de manifestantes derribaron una puerta de Palacio Nacional con una camioneta de la CFE, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Ahí participó el estudiante Yanki Kothan Gómez.
El 7 de marzo, un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, entre ellos, Yanki Kothan, circulaba en una camioneta hacia Chilpancingo cuando presuntamente fueron atacados por policías de Guerrero, quienes les dispararon.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, los uniformados atendían un robo de vehículo cuando los jóvenes supuestamente agredieron a los policías. Sin embargo, los estudiantes aseguran que les sembraron armas y que los policías fueron los que dispararon sin razón aparente.
El 8 de marzo amanecimos con la noticia de que el joven de 23 años Yanki Kothan Gómez murió como resultado del ataque y que uno más resultó herido.
Una semana después del asesinato de Yanki Kothan, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que dos policías presuntamente implicados en el homicidio se entregaron a las autoridades y que uno más estaba prófugo. Luego, el presidente de México dijo en su conferencia de prensa matutina del 12 de marzo que el principal sospechoso del asesinato se había fugado.
Sin embargo, la FGR de la entidad y la SSP dieron a conocer que ellos no se habían hecho cargo del arresto de los tres policías implicados y de la fuga de uno de ellos.
El presunto escape ocurrió cuando el acusado, a quien no se le dictó prisión preventiva, pidió permiso de ir a una tienda y ya no regresó. Por supuesto que las palabras del presidente acrecentaron la rabia de los estudiantes normalistas, quienes lanzaron petardos a las instalaciones de la FGR de la entidad y vandalizaron al menos 10 vehículos.
El 14 de marzo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dijo que recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Guerrero, Mtro. Ludwig Marcial Reynoso Núñez; y del secretario de seguridad pública de la entidad, Rolando Solando Rivera. Y determinó la remoción inmediata de la Mtra. Sandra Luz Valdovinos como Fiscal General del Estado, quien dijo que agotará los procedimientos constitucionales para evitar que la quiten del cargo.
A pesar de las contradicciones entre las autoridades gubernamentales, de que la policía mató a un estudiante y que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos continúa en la impunidad, después de casi una década, el presidente le pidió a los estudiantes que no abusen durante sus manifestaciones.
Desde mi punto de vista, eso debería ser más que suficiente para que nos despierte importancia. Estamos hablando de la vida de jóvenes estudiantes a quienes las autoridades deberían cuidar, no atacar.
“Para el gobierno ser un estudiante es un pecado, ser normalista rural es un delito, pero ser de Ayotzinapa merece la muerte”, dijeron normalistas de Ayotzinapa durante una conferencia de prensa en línea, frase retomada por Liliana Vianey Gómez, madre del estudiante asesinado, Yanki Kothan Gómez.