En este mismo espacio te conté que antes de que se aprobara la reforma al Poder Judicial propuesta por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ya se habían buscado algunos recursos legales para echarla para atrás, pero ninguno funcionó y se terminó publicando en el Diario Oficial de la Federación.
Ahora que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de resolución para invalidar una parte de la reforma y que ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunciaron a su cargo, parece haber esperanza de que juezas, jueces, magistradas y magistrados conserven la imparcialidad necesaria para desempeñar sus funciones. ¿Por qué?
Resulta que varios órganos gubernamentales y partidos políticos le pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de juicios, que se pronunciara sobre la validez (o no) de la reforma.
Darle resolución a esos juicios con una propuesta de proyecto de resolución que eliminaría la elección popular de jueces, juezas, magistradas y magistrados de circuito, los “jueces sin rostro” y otras cosillas.
González Alcántara también apunta que la reforma sí aplicaría para la Suprema Corte; es decir, que en 2025 solo elegiríamos ministros y ministras por voto popular, de lo contrario sería imposible emitir un voto informado porque se generaría una alta cantidad de postulación de personas candidatas.
Además señala que quitar a todas las jueces, juezas, magistradas y magistrados, elimina la garantía de inamovilidad. Y aclara que no es por otorgar un privilegio de estabilidad laboral, sino para proteger a las personas que acuden a un tribunal buscando justicia imparcial.
Reconoce que exista un Tribunal de disciplina judicial, pero critica que sus facultades son muy amplias y ambiguas. Y sobre los “jueces sin rostro” (para proteger la identidad de juezas y jueces que deban resolver casos de crimen organizado) argumenta que con ello no se respetarían las medida básicas del debido proceso al que cualquier persona tiene derecho.
Peeero nada de eso es un hecho. La corte apenas aprobó que sí se revise la propuesta del ministro González Alcántara, y eso iniciará el próximo 5 de noviembre.
Con la reforma, ministras y ministros tienen “pase directo” para ser personas candidatas a ser elegidas para su mismo cargo, en junio de 2025. Sin embargo, ocho de ellas renunciaron a ese proceso y a su cargo: Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcantara, Javier Laynez y Luis María Aguilar (su periodo concluía el próximo 30 de noviembre).
Para Cecilia Kalach, maestra en Derecho, “que los ministros de la Suprema Corte se vayan a cambio de que la reforma judicial no toque a jueces y magistrados, es una negociación política que tuvo que haber empezado desde que se presentó la iniciativa de la reforma judicial”.