El sabor de boca con el que amanece México es amargo. Ni las marchas o paros del personal del Poder Judicial de la Federación y de los y las universitarias, ni las suspensiones contra la reforma, pudieron impedir que se oficializara el voto popular para elegir magistraturas, judicaturas y a ministras y ministros, o que, entre otras cosas, se eliminara la carrera judicial.
Este 15 de septiembre se publicó la reforma al Poder Judicial de la Federación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); sí, el día que se conmemora la Independencia de México. (En un texto previo te hablé de los riesgos de aprobarse esta reforma).
¿Qué sigue? Continuar en resistencia y agotar los recursos jurídicos nacionales e internacionales. Para Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., y Verónica Sánchez, magistrada de Circuito, no todo está perdido; seguirán defendiendo la independencia judicial.
Ahora que acabó el proceso legislativo, irán a la corte y si no encuentran algo que les favorezca, irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También están haciendo gestiones con la comisionada de independencia judicial de la ONU y algunas otras acciones ante el tribunal penal europeo, de acuerdo con la magistrada Verónica, quien tiene 27 años de carrera judicial.
La magistrada Emilia Molina nos invita a reflexionar si esta es la reforma que merece México, pues ella considera que estamos a tiempo de cambiarla. “La constitución ha tenido tantas reformas que podría modificarse nuevamente para mejorar lo que se está haciendo y quitar los riesgos de una destrucción de la democracia de derecho que a nadie va a beneficiar”.
Además, “cualquier persona puede ir a juicio de amparo en contra de esa reforma constitucional; también las asociaciones y las universidades y algunas otras personas pueden promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, según la magistrada Verónica Sánchez.
Lo anterior puede provocar polémica porque hay quienes señalan que serían juez y parte; sin embargo, de acuerdo con la magistrada Sánchez, “lo que faculta a hacerlo es un principio de necesidad que refiere que cuando todos los jueces de una nación están impedidos para resolver un asunto, ninguno está impedido”.
Nos queda “exigir que las resoluciones sean con total independencia e imparcialidad aun cuando las reglas estén hechas para que no exista”, señaló la magistrada Emilia Molina.
Apenas el 13 de septiembre pasado, un Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito de Colima ordenó suspender la publicación del decreto respondiendo a una queja interpuesta por la organización Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. luego de que no se cumpliera una suspensión anterior cometida por parte de diversas autoridades.
Y es que ya la Fundación ya había solicitado que no se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma judicial en las cámaras de Diputados y Senadores y que "en caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe por las autoridades responsables, el decreto respectivo no se publique en el Diario Oficial de la Federación".
¿Y por qué no se aplicó? Porque una impugnación “se interpone cuando hay un proceso legislativo terminado (ya publicado en el DOF)”, algo que, aún así, quiso impedir la Fundación. Además, “primero habrá que demostrar que ese proceso fue violado para después poder echarlo para atrás”, afirmó Mariana Tamés Espadas, coordinadora jurídica de Strategia Electoral, al portal de noticias Animal Político.
Hasta la hora de publicación de este texto no se sabía si el paro del Poder Judicial podría continuar o no hasta el 2 de octubre, algo que sus integrantes someterán a votación entre las poco más de 1,600 juezas y jueces del país.