Secretaría de las Mujeres: ¿una garantía para la reducción de la violencia de género?

La Secretaría de las Mujeres en México es realidad. La nueva dependencia del Gobierno Federal inició funciones el 1 de enero de 2025. Fue creada en sustitución del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

De acuerdo la presidenta Claudia Sheinbaum, su objetivo es centralizar y fortalecer las políticas de igualdad de género y prevención de violencia contra las mujeres en el país. Su titular, Citlalli Hernández Mora, es exsenadora y activista social con experiencia en temas de derechos humanos y perspectiva de género.

A diferencia del Inmujeres, que era un organismo descentralizado con autonomía presupuestaria, la Secretaría de las Mujeres es parte del gabinete presidencial y está directamente vinculada al Poder Ejecutivo.

Esto le permite contar con mayor presupuesto y presencia en los estados, además de acceder a reuniones de alto nivel para coordinar políticas públicas con otras dependencias. Su función principal es diseñar, implementar y supervisar políticas públicas para promover la igualdad sustantiva, prevenir la violencia de género y fortalecer el sistema de cuidados en México.

¿Cuáles son sus funciones?

La secretaría está encargada de diseñar, supervisar y ejecutar políticas públicas en diversas áreas clave:

• Igualdad sustantiva: promover la equidad de género en el ámbito laboral, educativo y social.
• Prevención y atención de la violencia de género: coordinar estrategias y programas para reducir la violencia contra las mujeres.
• Sistema Nacional de Cuidados: implementar políticas para garantizar el derecho al cuidado de infancias, personas adultas mayores y/o con discapacidad.
• Coordinación con otras dependencias: trabajar con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud y organismos de justicia para atender casos de violencia de género.
• Monitoreo y evaluación de políticas públicas: recopilar datos sobre la situación de las mujeres en México para mejorar la toma de decisiones.

¿Por qué es importante?

México enfrenta una crisis de violencia de género y desigualdad estructural: desde diciembre de 2018 a septiembre de 2024 han desaparecido 11 mil 190 mujeres y 20 mil 938 fueron asesinadas en el mismo período. 

Actualmente 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia (psicológica, física, económica, patrimonial y sexual), además, se siguen enfrentando a barreras en el acceso a la justicia, salud, educación y oportunidades económicas.

La Secretaría de las Mujeres no garantiza avances

A pesar de su relevancia, la creación de esta secretaría no garantiza por sí sola la reducción de la violencia. Existen varios desafíos, aquí algunos de ellos:

1. La impunidad sigue siendo un problema estructural: más del 90% de los delitos contra mujeres quedan sin castigo en México. Además, la falta de capacitación y perspectiva de género en fiscales y jueces limita la efectividad de las denuncias.
2. No sustituye el trabajo de la justicia y las fiscalías: aunque la secretaría puede diseñar políticas, no tiene facultades para investigar o castigar delitos. La violencia de género requiere cambios profundos en el sistema de justicia, incluyendo la capacitación con perspectiva de género del cuerpo policial, ministerios públicos y personas impartidoras de justicia.
3. Su éxito depende de su implementación y presupuesto: el acceso a más recursos es clave, pero la eficiencia en su uso determinará si realmente beneficia a las mujeres. Algunos expertos advierten que, sin estrategias claras, la secretaría podría quedar como un esfuerzo simbólico sin impacto real.
4. Falta de coordinación con gobiernos estatales y municipales: muchos estados y municipios no cuentan con políticas efectivas para atender la violencia de género. La federalización de las políticas no garantiza que los gobiernos locales las implementen adecuadamente 

La Secretaría de las Mujeres representa un avance en la agenda de género y puede facilitar la implementación de políticas públicas más sólidas. Sin embargo, su éxito dependerá de los recursos, la voluntad política y la coordinación con otras instancias gubernamentales para realmente impactar en la reducción de la violencia y la impunidad.