El caso del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y la consecuente suspensión condicional del proceso penal contra Francisco G.Y., comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), evidencia una vez más la profunda impunidad con la que actúa el INM.
Esta tragedia, que costó la vida de 40 migrantes y 42 sobrevivientes, ha dejado un saldo doloroso: familias destrozadas, un erario público drenado por más de 230 millones de pesos y una estructura de poder que sigue protegiendo a los responsables, como si nada hubiera pasado.
La solicitud de suspensión del proceso, concedida recientemente por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, no solo resulta cuestionable desde una perspectiva ética, sino también jurídica. Mientras los demás implicados en el caso enfrentan cargos por homicidio, lesiones y otros delitos, el Comisionado ha sido vinculado exclusivamente por ejercicio ilícito del servicio público, un cargo que no refleja la magnitud de su responsabilidad en la tragedia.
Peor aún, al ofrecer una compensación económica a las víctimas con dinero público ha intentado desviar la atención de su implicación directa, evadiendo así la responsabilidad personal por los daños ocasionados. Este tipo de resoluciones nos demuestra que la justicia en México sigue siendo selectiva, protegida por un sistema que permite que figuras de poder eludan consecuencias serias.
El hecho de que, a pesar de ser el responsable de una de las tragedias más devastadoras de la política migratoria, el Comisionado no haya sido destituido de su cargo, es un claro mensaje de impunidad. Además, que el gobierno mexicano ha permitido que Francisco G.Y. permanezca en su puesto después de tan grave negligencia envía una señal desconcertante a las víctimas, a la sociedad y, sobre todo, a las personas migrantes que buscan en México una esperanza de protección.
El paquete de medidas impuestas por el juez, que incluyen disculpas públicas y cursos de derechos humanos, resulta inadecuado e insuficiente. Pretender que una persona con un puesto tan alto en el INM, quien además posee una maestría en derechos humanos, aprenda sobre la materia después de un desastre de tal magnitud es, en el mejor de los casos, un sarcasmo. Las medidas correctivas propuestas parecen más una simulación que un intento real de resarcir el daño causado o de prevenir futuras tragedias.
Es imprescindible que el gobierno de Claudia Sheinbaum, en su rol de máxima autoridad, no permita que la impunidad siga ganando terreno. La política migratoria de México necesita una reforma urgente que no solo garantice la seguridad y el bienestar de las personas migrantes, sino que también restablezca la confianza en las instituciones encargadas de velar por sus derechos. El caso de Francisco G.Y. debería ser la gota que colme el vaso y obligue al Estado mexicano a tomar una postura firme contra la impunidad.
La tragedia de Ciudad Juárez debe servir como un recordatorio de que las vidas de las personas migrantes no pueden ser tratadas como cifras o estadísticas.
Si el INM sigue siendo encabezado por personas que permiten que estos horrores ocurran sin consecuencias reales, entonces no habrá justicia para las 40 familias que perdieron a sus seres queridos ni para los 27 migrantes que resultaron con daños físicos y neurológicos de por vida ni para las 15 mujeres sobrevivientes que aún no han sido reconocidas como víctimas.
México tiene la oportunidad de rectificar y demostrar que, aunque el poder puede corromper, la voluntad de cambiar es más fuerte. Sin embargo, esto solo será posible si, finalmente, se asume la responsabilidad y se actúa en consecuencia.
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