América Latina está conmocionada por la confirmación del asesinato de cuatro niños y jóvenes ecuatorianos, luego de que se denunciara que un grupo de soldados los había desaparecido desde el 8 de diciembre de 2024.
Un crimen así toca nuestra herida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado Mexicano hace una década, y la de las más de 110 mil personas desaparecidas en nuestro territorio. Pero tampoco quiero sobredimensionar… En México, la tasa de homicidios dolosos es de 23.3 por cada 100 mil habitantes, cifra que casi se duplica en Ecuador: 44.5 por cada 100 mil habitantes.
Pero ojo acá: Pasó en nuestro continente, fueron víctimas de un gobierno, se trataba de menores de edad sin armas, ellos solo querían convertirse en futbolistas profesionales, el país atraviesa una crisis de seguridad, han militarizado las calles… no sé ustedes, pero yo prefiero no negar que hay similitudes (aunque en otra escala) con México.
El caso de los menores desaparecidos y asesinados
El pasado 8 de diciembre de 2024, en el Barrio de las Malvinas, al sur de Guayaquil, Ecuador, un grupo de niños y jóvenes se disputaban un balón de futbol con alegría, entre ellos los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años respectivamente, y sus amigos Saúl Arboleda y Steven Medina (de 15 y 11 años).
Inicialmente, las autoridades dijeron que habían sido víctimas del crimen organizado. Luego declararon que después de un supuesto robo, un grupo de 16 soldados detuvieron a los menores de edad y los subieron a una camioneta. Los cuerpos fueron encontrados incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar.
Actualmente las autoridades ecuatorianas aseguran que se encuentran investigando el caso y que no puede asegurarse que ocurrió un crimen de Estado porque el único momento en el que se ha corroborado la participación de los militares fue en el momento de la detención de los chicos, y no en su asesinato.
No son casos aislados en Ecuador
Amnistía Internacional reportó que “la Fiscalía General del Estado registró denuncias de 12 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, cuatro casos de posibles desapariciones forzadas y 95 casos de posibles torturas, tan solo entre enero y julio de 2024”. ¿Mucho o poco? En 2023, se registraron cinco casos de ejecuciones extrajudiciales durante todo el año.
Un paso atrás…
En enero de 2024, el presidente de ese país, Daniel Noboa, decretó el primer “estado de excepción” de su mandato para intentar controlar la crisis carcelaria derivada de la fuga de los dos capos más poderosos del país, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Fabricio Colón Pico, con conexiones con el crimen transnacional dedicado al narcotráfico.
El estado de excepción fue impuesto ocho veces más durante los siguientes 10 meses, a lo que también recurrió su antecesor Guillermo Lasso en 11 ocasiones. Así que durante los últimos cuatro años, la población ecuatoriana ha vivido con personal militar en sus calles.
“Ecuador dejó de cumplir un papel relativamente secundario en la narco-economía internacional y pasó a ser otro productor y suministrador de droga, al tiempo que adquirió relevancia internacional por la presencia de grupos mafiosos transnacionales, especialmente de México y Europa. El puerto de Guayaquil se convirtió en el punto de partida de la mayor cantidad de cargamentos de droga a Europa”, de acuerdo con un artículo de Natalia Sierra y Alberto Acosta de la organización Rebelión.
Los riesgos de una política de militarización
Bajo el discurso “mano dura contra la delincuencia” se han pasado por alto violaciones a los derechos humanos a pesar de que organizaciones, como Amnistía Internacional, han señalado que “el personal militar está entrenado para combatir a un enemigo, no para proteger a la población civil, de lo que se deriva un riesgo para los derechos humanos”.
Incluso, la organización ha puesto a México como ejemplo de que desplegar fuerzas militares para combatir la delincuencia organizada no solo no ha tenido éxito, sino que ha creado riesgos para los derechos humanos, ha tenido efectos en la seguridad pública y ha registrado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debería ser excepcional, ¡y no la regla!
Actualmente, Ecuador está en campaña electoral y Daniel Noboa buscará la reelección presidencial en las votaciones del próximo 9 de febrero en medio de una crisis de violencia.
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