Por: Andrea Larios*
El presupuesto sigue sin reflejar un verdadero compromiso con las mujeres
Los presupuestos públicos permiten observar cuáles son las verdaderas prioridades de un gobierno. La visión de país deseada por nuestras/os gobernantes quedará en buenas intenciones si los compromisos que enlisten para materializarla no son respaldados por un presupuesto suficiente.
Es por ello por lo que el recorte aprobado en el presupuesto federal para 2025 contradice el compromiso reiterado por la presidenta Claudia Sheinbaum hacia nosotras las mujeres. No se puede asegurar que “llegamos todas” o que “primero las pobres” cuando las políticas orientadas a garantizar nuestros derechos se ven desfinanciadas.
El Anexo 13 permite identificar dichas políticas. Sin embargo, al analizar su integración, queda claro que la apuesta en materia de igualdad sustantiva recae en programas sociales prioritarios. Esto no sería problemático si estuvieran diseñados con enfoque de género para atender causas estructurales de desigualdad y contaran con mecanismos de evaluación. Pero no es el caso.
Así, ampliar el acceso a programas sociales ha desplazado otras prioridades, como los programas con perspectiva de género y fortalecer las dependencias responsables de la política de género en el país.
Por ejemplo, las acciones destinadas a atender la violencia contra las mujeres enfrentarán recortes importantes. En el agregado, estas tendrán $3,816 millones de pesos menos que en 2024, afectando al programa de Apoyo para Refugios Especializados, el programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y el programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
Por otro lado, aunque la creación de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) ha sido muy celebrada, esta operará con un presupuesto menor al que gestionaban previamente INMUJERES y CONAVIM. Además, como los recortes se aplicarán en servicios personales, materiales y suministros, surge incertidumbre sobre si la nueva secretaría tendrá que reducir su plantilla laboral o asignar mayores responsabilidades con menores sueldos. También, la mayor presencia territorial que se ha promovido como eje clave podría verse restringida, dado el aumento mínimo de $85,000 en viáticos.
Otro punto preocupante es la falta de recursos para construir el Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Aunque este es uno de los 100 compromisos de la presidenta, el presupuesto 2025 no incluye acciones ni programas específicos para su puesta en marcha. Hacia adelante, será importante monitorear qué políticas son incluidas como parte del sistema y el esquema que garantizará su financiamiento.
Al respecto, el acceso al SNC no deberá estar condicionado a la situación laboral, como ocurre en el modelo de aportaciones tripartitas del IMSS. De ser así, la medida carecería de perspectiva de género, pues somos las mujeres quienes participamos menos del mercado laboral y, si lo hacemos, es más probable que sea en la informalidad, debido a las cargas de cuidados que recaen sobre nosotras.
En síntesis, el recorte presupuestario para 2025 afecta a todas las personas al limitar el acceso y la eficiencia de servicios públicos esenciales como salud, educación, transporte y cuidado. Sin embargo, las mujeres somos desproporcionadamente impactadas, ya que nuestro tiempo y el trabajo de cuidados que realizamos sin paga, terminan operando como un subsidio frente a los déficits en la provisión pública.
La austeridad es incompatible con la justicia social y de género. Para que México sea una “República de y para las mujeres”, es indispensable que la política fiscal sea feminista. Esto implica un sistema tributario más progresivo, en el que quien tiene más contribuya más, y que los recursos adicionales se destinen a garantizar derechos y promover una verdadera redistribución de los recursos.
Sobre la autora:
*Economista feminista. Actualmente se desempeña como investigadora del programa de Justicia Fiscal en Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Además de realizar investigaciones sobre justicia fiscal desde una perspectiva de derechos humanos y de género, co-coordina la Red por una Política Fiscal Feminista, un espacio multidisciplinario para impulsar acciones de incidencia política. X: @andrealc95
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