En las últimas semanas se ha encendido en redes y en el Congreso de Ciudad de México el tema del aborto. ¿La razón? Actualmente, en el congreso, se está discutiendo una iniciativa que pretende despenalizar por completo la interrupción del embarazo.
Pero, ¿no es legal desde 2007? Sí, pero debes saber que en la capital de nuestro país solo se permite antes de la semana 12, lo que quiere decir que quienes lo realizan a partir de ese periodo podrían enfrentar un proceso penal en su contra.
Para entender qué implicaciones tendría despenalizarlo por completo, es decir, que no haya un límite de semanas de gestación para realizarlo, asistimos a una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización feminista que en conjunto con otras busca difundir información sobre el tema para alcanzar la justicia en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.
Una de las ideas que se ha difundido desde que se hizo pública la iniciativa, sobre todo entre grupos de ultraderecha, ha sido que ahora las personas podrán abortar hasta los 9 meses de gestación, pero la organización Ipas explicó que se trata de un mito.
En realidad quienes optan por practicarlo en etapas avanzadas lo hacen por tres razones: porque implica un riesgo para salud de la madre, porque el embarazo fue producto de una violación o porque el feto tiene algún problema genético.
Actualmente, en Ciudad de México, una persona pueden interrumpir su embarazo después de las 12 semanas bajo estas causales sin que sea considerado un delito; sin embargo, la mayoría de las veces para acceder a ello se enfrentan a la burocracia y a otras complicaciones a nivel personal, por ejemplo, los permisos en el trabajo para poder darle seguimiento al proceso o con situaciones en las que tienen que delegar tareas de cuidado.
Ipas también detalló que quienes requieren abortar después de la semana 12 suelen ser mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad: no escolarizadas y/o en contextos de violencia: “El Estado quiere someterlas a ellas a investigaciones penales”, señalaron.
Rebeca Ramos de GIRE y Laura Hernández de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos añadieron: “Por eso es necesario que protejamos a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad”, “ninguna mujer, persona o niña debería enfrentar una denuncia penal por decidir sobre su propio cuerpo”.
Ipas puso como ejemplo el caso de Canadá, pues se trata de un país que desde 1988 no incluye al aborto en su código penal, al contrario, es un servicio que debe ser garantizado e incluso cada año el Estado dedica parte de su presupuesto al tema.
La interrupción del embarazo ocurre en hospitales públicos, clínicas particulares o puede llegar a ser prescrito por personal médico. En el 92 % de los casos se practica antes de la semana 12 de gestación. El porcentaje restante lo hace en etapas avanzadas, pero por causales muy específicas que ya te expliqué.
La asesora de salud Joanna Erdman le contó a Amnistía Internacional que gracias a que el aborto es legal en Canadá se redujeron un 30 % las interrupciones de embarazos en adolescentes y se eliminó la muerte materna.
La evidencia muestra que la penalización no es efectiva para terminar con los abortos, ocurren desde hace siglos y seguirán ocurriendo. El hecho de que esté en los códigos penales normaliza el estigma de que es algo que debe ser castigado y no un derecho.
Si quieres conocer más del tema te invitamos a que cheques este video: