El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer que las mujeres y personas con capacidad de gestar que sean derechohabientes podrán acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en sus unidades médicas.
La medida entró en vigor el viernes 24 de enero después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Fue promovida por el director general de la institución, Martí Batres Guadarrama, según el comunicado que se publicó.
“El propósito de este acuerdo es proteger la integridad y la autonomía reproductiva, a partir de brindar certeza de la aplicación del procedimiento tanto para el personal de salud como para las personas usuarias, con el fin de que reciban una atención oportuna e integral”, menciona el documento.
También reconoce los derechos de las personas usuarias del servicio de ILE bajo los principios de igualdad, no discriminación, perspectiva de género, y respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
¿Y la objeción de consciencia?
Para quienes hayan sido víctimas de violación, el ISSSTE se compromete a realizar la interrupción del embarazo bajo el principio de no revictimización, por lo que el personal médico involucrado deberá estar capacitado para este tipo de atención.
La Dirección Médica será la encargada de coordinar y dar seguimiento a las acciones necesarias para capacitar personal médico de todas las unidades y promover el cumplimiento del acuerdo.
En el documento se detalla que las unidades médicas deberán contar con suficiente personal de salud no objetor de consciencia para garantizar la prestación del servicio de interrupción del embarazo, que podrá ser realizado con el debido consentimiento firmado de la persona usuaria.
Recordemos que la objeción de consciencia es una prerrogativa del profesional médico de oponerse a la realización de un procedimiento o intervención dispuesto legal o administrativamente, debido a que ello atenta contra sus convicciones filosóficas o religiosas.
Un logro insuficiente
Si bien la medida fue reconocida por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres como Redefine México y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C., también explicaron que el acuerdo limita el servicio a las primeras 12 semanas de gestación, es decir, quienes quieran acceder después de ese periodo no podrán hacerlo.
Además, en sus redes sociales mencionaron que el servicio de aborto solo se brindará en los estados en los que está legalizado, y señalaron que sigue sin haber una ruta clara y homogénea para garantizar el acceso universal.
“Con esta medida el ISSSTE se alinea con la sentencia de la Suprema Corte que establece que las instancia federales de salud deben garantizar servicios de aborto (...). Los estados que siguen criminalizando el aborto tienen la obligación de reformar sus códigos penales”, finalizaron.
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